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Riesgo Político

En una era de crecientes tensiones geopolíticas, competencia por los recursos y una intensa polarización política, es fundamental que los inversores extranjeros sean conscientes del riesgo político y estén mejor preparados para él.
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Las crisis económicas y políticas sin precedentes de la pandemia de COVID-19 y el estado estable del panorama geopolítico de los últimos 50 años que rápidamente ha dado paso a cambios evolutivos son dos de los muchos cambios que han hecho que el entorno operativo internacional sea menos predecible.

La aparente tranquilidad política de los países y regiones puede estallar ahora rápidamente, no solo en el mundo en desarrollo tradicional, sino también en las economías avanzadas. Las organizaciones multinacionales y las instituciones financieras deben ser más conscientes de los retos inherentes a la realización de negocios en zonas geográficas y mercados que ahora pueden ser más preocupantes.

En el ámbito del riesgo político, donde a menudo puede resultar difícil obtener cobertura dados los intereses en juego, la presencia global de Marsh y los centros de especialistas regionales pueden ayudarle. Nuestras soluciones pueden ayudarle a protegerse de los riesgos de impago, ya sean privados o soberanos, o proteger sus activos e inversiones corporativos en varios países de los riesgos políticos.

Al trabajar con nosotros, puede estar mejor preparado para gestionar y recuperarse de cualquier acción o evento gubernamental que pueda afectar a sus activos e inversiones globales.

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Preguntas frecuentes

El riesgo político es la probabilidad de que se produzcan perturbaciones en las operaciones de las empresas multinacionales causadas por acontecimientos políticos que se produzcan en el país o por cambios en el entorno internacional. Su organización puede enfrentarse a riesgos políticos en un país en el que tenga operaciones, activos, contratos o inversiones.

Una póliza de seguro de riesgo político (PRI, por sus siglas en inglés) sirve para indemnizar a inversores institucionales, empresas o instituciones financieras por acciones gubernamentales que conducen a pérdidas monetarias significativas. Normalmente se adquiere en relación con la financiación de proyectos, la financiación de activos, la financiación de actividades comerciales, los activos fijos y móviles, y la inversión extranjera directa, especialmente en los sectores del petróleo y el gas, la minería y la infraestructura. En función del riesgo, la cobertura del PRI podría incluir a proveedores de agencias públicas, aseguradoras privadas o una combinación de ambas.

La cobertura del PRI actúa como una red de seguridad contra las decisiones o acciones políticas de un gobierno o de las fuerzas políticas. Puede cubrir riesgos tales como:

  • Violencia política, que normalmente incluye guerra civil, golpe de Estado, insurrección, revolución, sabotaje, huelgas y disturbios, terrorismo y guerras que causen daños físicos a o abandono de activos u operaciones y la consiguiente pérdida de ingresos empresariales.
  • Expropiación por parte del gobierno de activos u operaciones, incluida la prevención del embargo de activos por parte de un acreedor.
  • Restricciones a la conversión de fondos locales a moneda fuerte, o a la transferencia de fondos en el extranjero, como parte de la remisión de dividendos, servicio de deuda u otros flujos de efectivo generados en el país a un asegurado.
  • Impago de laudo arbitral relacionado con un incumplimiento de contrato por parte de una entidad gubernamental.
  • Riesgos de crédito, como el impago de deuda soberana.

Cualquier empresa (incluidos los comerciantes de materias primas), banco, institución financiera no bancaria o agencia pública con activos o inversiones internacionales debe considerar un seguro de riesgo político.

El seguro de riesgo político le permite mitigar el riesgo y proporciona comodidad para contratos, inversiones, proyectos, operaciones, activos, equipos y acciones de materias primas en mercados de mayor crecimiento, pero volátiles. Puede facilitar la financiación de la deuda, la realización de inversiones de capital y el respaldo de proyectos o inversiones extranjeras en países de mayor riesgo.