La telemedicina es una actividad profesional compleja, con numerosos desafíos tanto para proveedores y empresas especializadas como para los propios usuarios. Algunos de estos riesgos son transferibles al mercado asegurador mediante un contrato de seguro. En función de la tipología de empresa en concreto, el seguro debe adaptar las coberturas, límites, ámbitos geográficos y temporales de cobertura, etc.
En términos generales, existen tres focos principales a tener en cuenta en este ámbito: la responsabilidad profesional sanitaria, el daño cibernético y las posibles intrusiones y la responsabilidad de directivos.
En una práctica tan innovadora y cambiante como la telemedicina, las empresas que quieran competir de manera efectiva en este sector deben atender varios frentes simultáneos y complejos.
En este contexto, es recomendable, que estas empresas que enfrentan un desafío profesional semejante, se apoyen en asesoramiento experto para delegar aquellos aspectos que, siendo necesarios, no son parte de su objetivo principal, y al mismo tiempo pueden tener unos efectos devastadores sobre el desempeño de la empresa si no se tratan con la debida dedicación y el conocimiento técnico suficiente.
El sector en el que se enmarca la práctica de la telemedicina, como el resto de sectores, se encuentra expuesto al cumplimiento normativo y a las distintas regulaciones que deben hacer frente para llevar a cabo sus actividades. En Marsh, ayudamos a las empresas y proveedores de telemedicina a gestionar sus riesgos mediante un análisis exhaustivo de sus necesidades específicas.
Existen numerosos ámbitos de la telemedicina en los que la actividad aseguradora resulta de vital importancia para la telemedicina. Entre ellos, dsetacan la responsabilidad profesional sanitaria, incluyendo negligencia, responsabilidad general, o responsabilidad civil patronal, entre otros. Por otro lado, y tomando una relevancia creciente en la actualidad, el daño cibernético e intrusiones, incluyendo gastos de primera respuesta, legales, de consultoría, daño reputacional, ciberextrosión, sanciones administrativas, etc. También se encuentra dentro de nuestro ámbito de actuación la responsabilidad de administradores y directivos, incluyendo Responsabilidad civil de administradores, consejeros y directivos, incluyendo gastos de representación en investigaciones formales, cobertura para cónyuges, herederos y legatario, gastos de restitución de imagen, etc.
En la actualidad existen numerosas soluciones empresariales relacionadas con la telemedicina. Todas aquellas organizaciones que desarrollen alguna de estas soluciones han de contar con un programa de seguros que proporcione, al menos, las coberturas legalmente requeridas de forma obligatoria. Esto incluye las actividades relacionadas con la telesalud, el telecuidado, la teleconsulta, la telemetría, la teleeducación, la telecirugía, y el telementoring, entre otros.
El seguro de responsabilidad civil es obligatorio para todas las empresas que ejerzan actividades de telemedicina de acuerdo con la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias en su artículo 46: “Cobertura de responsabilidad”.
Adicionalmente, las pólizas de responsabilidad cibernética y las pólizas de responsabilidad de administradores y directivos resultan cada vez más imprescindibles para proteger tanto sistemas informáticos internos y externos como a los miembros del órgano de administración de la sociedad y a las personas de la empresa que ostentan cargos de dirección.
Las pólizas de responsabilidad cibernética, "cyber" según la terminología extendida en inglés, ofrecen una amplia cobertura económica para el riesgo de actividad de telemedicina, así como el acceso a un panel de expertos de Marsh y otros proveedores especializados que asesoran en materia técnica, legal y de relaciones públicas para poder reaccionar con rapidez y efectividad en caso de incidente, para mitigar sus consecuencias.
Los incidentes cibernéticos, por lo general, pueden ser clasificados como ataques maliciosos o eventos accidentales, según la naturaleza de su causa. Impactan, principalmente, en el sistema informático y los datos internos y externos. Este tipo de incidentes afecta a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y puede suponer un alto impacto operacional y financiero.
Estos incidentes suponen, de forma habitual, impacto sobre la actividad, extracostes, reclamaciones y pérdida de activos.
Es un seguro muy recomendable, y cada vez más frecuente, debido a los regímenes de responsabilidad que la Ley de Sociedades de Capital otorga a las personas que ostentan determinados cargos en una empresa (en su Capítulo V “Responsabilidad de los Administradores”, artículos 236 y siguientes). En concreto, se reconoce en la ley el carácter solidario de la responsabilidad, la acción social de responsabilidad, la legitimación subsidiaria de la minoría, la legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la acción social y la acción individual de responsabilidad.
Un aspecto muy importante de este seguro que le diferencia de otros que puede contratar la empresa, es que lo que cubren estas pólizas son responsabilidades individuales de las personas, y por lo tanto tiene una importancia capital a la hora de proteger el patrimonio privativo de las personas que desempeñan estos cargos.
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En la actualidad existen numerosas soluciones empresariales relacionadas con la telemedicina. Todas aquellas organizaciones que desarrollen alguna de estas soluciones han de contar con un programa de seguros que proporcione, al menos, las coberturas legalmente requeridas de forma obligatoria. Esto incluye las actividades relacionadas con la telesalud, el telecuidado, la teleconsulta, la telemetría, la teleeducación, la telecirugía, y el telementoring, entre otros.
El seguro de responsabilidad civil es obligatorio para todas las empresas que ejerzan actividades de telemedicina de acuerdo con la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias en su artículo 46: “Cobertura de responsabilidad”.
Adicionalmente, las pólizas de responsabilidad cibernética y las pólizas de responsabilidad de administradores y directivos resultan cada vez más imprescindibles para proteger tanto sistemas informáticos internos y externos como a los miembros del órgano de administración de la sociedad y a las personas de la empresa que ostentan cargos de dirección.
Las pólizas de responsabilidad cibernética, "cyber" según la terminología extendida en inglés, ofrecen una amplia cobertura económica para el riesgo de actividad de telemedicina, así como el acceso a un panel de expertos de Marsh y otros proveedores especializados que asesoran en materia técnica, legal y de relaciones públicas para poder reaccionar con rapidez y efectividad en caso de incidente, para mitigar sus consecuencias.
Los incidentes cibernéticos, por lo general, pueden ser clasificados como ataques maliciosos o eventos accidentales, según la naturaleza de su causa. Impactan, principalmente, en el sistema informático y los datos internos y externos. Este tipo de incidentes afecta a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y puede suponer un alto impacto operacional y financiero.
Estos incidentes suponen, de forma habitual, impacto sobre la actividad, extracostes, reclamaciones y pérdida de activos.
Es un seguro muy recomendable, y cada vez más frecuente, debido a los regímenes de responsabilidad que la Ley de Sociedades de Capital otorga a las personas que ostentan determinados cargos en una empresa (en su Capítulo V “Responsabilidad de los Administradores”, artículos 236 y siguientes). En concreto, se reconoce en la ley el carácter solidario de la responsabilidad, la acción social de responsabilidad, la legitimación subsidiaria de la minoría, la legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la acción social y la acción individual de responsabilidad.
Un aspecto muy importante de este seguro que le diferencia de otros que puede contratar la empresa, es que lo que cubren estas pólizas son responsabilidades individuales de las personas, y por lo tanto tiene una importancia capital a la hora de proteger el patrimonio privativo de las personas que desempeñan estos cargos.
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